MÉXICO: EL DERECHO A CONTAMINAR

“La reforma abre las puertas a inversiones privadas y a las tecnologías de punta, lo que permitirá incrementar la producción de energéticos de forma transparente, eficiente, competitiva y sustentable”, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, refiriéndose a su nueva reforma energética. Esas bellas palabras llenas de promesas esconden, sin embargo, una realidad contrastante.

La nueva catástrofe ambiental, debido al derrame de sulfato de cobre y otras sustancias peligrosas en el río Sonora, es una muestra más de la opacidad y negligencia que existe en México sobre los temas ambientales. La política de Peña Nieto, basada en la promesa de un importante desarrollo económico (que no ha llegado), muestra un total menosprecio hacia la ecología, con la extracción de los recursos naturales sin los estudios ambientales apropiados. Asistimos a una ausencia flagrante de control y reglamentación, así como de las debidas sanciones a aquéllos que no respeten esas normas de protección del medio ambiente. No hay intento alguno por encontrar un equilibrio entre ganancias económicas y respeto a los ecosistemas.

En México, son las empresas quienes dirigen y actúan con total impunidad, sin preocuparse por las leyes ambientales que supuestamente rigen nuestro país. Enterarse de un desastre ecológico deja predecir lo peor: Significa que las empresas y las instituciones gubernamentales no pudieron ahogar el problema, esconderlo, dado las enormes consecuencias ecológicas que éste conlleva. Y el caso de la empresa minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, es un triste ejemplo más.

El 6 de agosto se produjo un derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico y sulfato de cobre, que podría contener metales pesados tales como arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro y manganeso, en los ríos Bacanuchi y Sonora. Grupo México, si bien supo del incidente en el momento mismo en que ocurrió, no dio la alerta. Y cuando éste fue descubierto, culpó a las fuertes lluvias por el desafortunado suceso, algo desmentido a continuación. La Semarnat, Conagua y Profepa, que son supuestamente las instituciones a cargo de supervisar, vigilar y alertar a las poblaciones y al gobierno en caso de accidente ambiental, ni siquiera se percataron de los derrames, que eran evidentes. Fueron los pobladores quienes, al notar el color del agua, los peces muertos y malos olores, dieron la alerta. Para ese momento, 200 kilómetros de río ya habían sido contaminados, evidenciando el total desinterés de la empresa y las flagrantes fallas de prevención de las organizaciones habilitadas para actuar.

Grupo México aseguró que “la solución de sulfato de cobre es materia prima para la producción de cobre, mas no se trata de desecho o residuo peligroso”. Un funcionario estatal recomendó: “No se metan al río […] porque lo que podría pasar es que si alguien trae un raspón, le va a arder, se le va a irritar, pero de ahí no pasa”. Sin embargo, una rápida consulta a la ficha de seguridad del sulfato de cobre desmiente toda esa información: El sulfato de cobre provoca severas irritaciones en ojos y piel, además de ser altamente tóxico si es ingerido. También tiene importantes consecuencias en la flora y fauna acuática. Una concentración de 0.02 mg/L de sulfato de cobre (los análisis de la Semarnat indicaban, a cuatro días del accidente, una concentración de 100 mg/L) produce la muerte de la mitad de las poblaciones de Daphnia Magna, una especie de zooplancton (plancton animal), que es la base de la cadena alimenticia; si llega a escasear, todos los animales superiores, como peces y mamíferos, se verán perjudicados.

La presencia de ácido sulfúrico queda evidenciada por el color naranja, producto de una reacción química con el agua. Este ácido absorbe, cuando se encuentra en contacto con organismos vivos, todos los líquidos presentes en ellos, ocasionando una necrosis de los tejidos, que se visualiza como quemaduras. En caso de contacto con los ojos y según la pureza del producto, puede provocar una pérdida definitiva de la vista. En unas fotos reportadas en la prensa nacional, se puede ver el rostro de una mujer que presenta quemaduras muy graves, tras haberse lavado la cara en el río Sonora, dos días después del accidente.

La gravedad de los daños observados deja pensar que ese ácido sulfúrico se encuentra en una forma pura, es decir, con un pH muy ácido, de 2 o menos (un pH neutro es de 7). Sin embargo, la fauna y flora no soportan una gran variación de pH. Una muy ligera modificación de éste, de un solo dígito, basta para provocar extinciones masivas de plancton (las especies más sensibles) y vegetales. En el cauce del río también se han encontrado concentraciones de arsénico, que rebasan la norma tolerada de 0.05 mg/L, presentando una de 0.95 mg/L, según los datos del laboratorio de calidad de la Conagua (0.430 mg/L, según la Semarnat, lo que el optimismo o pesimismo del lector decida). El arsénico, aun en cantidades infinitesimales, es considerado un precursor de diferentes tipos de cáncer de piel, pulmón y riñón.

Por el momento, se presentaron 19 casos con intoxicaciones gastrointestinales y quemaduras de distintos grados. Sin embargo, las repercusiones de estos tóxicos aparecen a mediano y largo plazo, por lo cual no nos podemos dar una idea exacta de la magnitud de los daños. Por otro lado, si bien esta catástrofe sucedió hace más de un mes, los estudios científicos son sumamente enigmáticos. Se asegura que la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), un laboratorio internacional privado, realizó investigaciones, pero al meterse en la página de la EMA, no existe información sobre estos análisis.

El Laboratorio de Calidad de la Conagua y la Semarnat también examinó la cuestión, pero la información publicada es, en muchos aspectos, incompleta; ignoramos la fecha de dichos exámenes, así como la distancia a la fuente de contaminación a la que estos análisis fueron efectuados. También llama la atención la ausencia de información sobre los elementos emitidos en mayor cantidad, que son el sulfato de cobre y el ácido sulfúrico. Por otro lado, se afirma que el pH del río se encuentra en niveles normales de 7, lo cual es imposible, dado las quemaduras presentadas en personas. Por último, los datos recolectados por la Conagua y la Semarnat no coinciden, aumentando así la confusión del lector, quien se ve sumergido en información y en gráficos imposibles de leer.

Una nota positiva en medio de este caos es que operativos se han puesto en marcha para limpiar el río. Se ha dispersado cal, un sólido que neutraliza la acidez del ácido sulfúrico, regularizando hasta cierto punto el pH. Los lodos superficiales impregnados de metales han sido removidos. También se planea la construcción de plantas potabilizadoras y diversos apoyos al sector agropecuario. Sin embargo, debido a las altas concentraciones de metales, los daños son irreversibles. Estos metales pueden llegar a alcanzar las napas freáticas, contaminando todas las reservas de agua disponibles para las poblaciones aledañas.

Este terrible accidente, calificado como el más grave provocado por la industria minera en la historia del país y del cual hacemos principalmente responsable a Grupo México, no es el único a criticar. La ineficiencia de Semarnat y Conagua para realizar acciones de prevención y vigilancia también son altamente condenables. El accidente, que ni siquiera puede ser llamado accidente sino la consecuencia lógica de una empresa con total poder y con ausencia de vigilancia, se debió a un defecto en el sello de una tubería, que era fácilmente evitable.

Grupo México anunció la creación de un fideicomiso por dos mil millones de pesos, que ayudaría a la reparación ambiental y al pago de daños a habitantes y empresas. Se enfrenta, también, a una sanción de 40 millones de pesos, cuando el daño hecho está valuado en cientos o miles de millones de pesos. Por último, corre el riesgo de ser multada por tres millones de pesos y 1.5 millones de pesos, que corresponden a la multa ambiental máxima y la ley de agua, respectivamente. Estas cantidades parecen risibles frente a los daños perpetrados, y resultan todavía más sorprendentes al enterarse de que en 2009 esa misma empresa tuvo que pagar a Estados Unidos una multa de mil 700 millones de dólares por el vertimiento de sustancias tóxicas en el medio ambiente.

Pero aquí todo está hecho para no ahuyentar a las potenciales empresas. La minera es el objeto de una campaña de “desatanización” por parte del gobierno. Así que no se preocupen empresas extranjeras, bienvenidas a México, que aquí sigue siendo el paraíso para contaminar.

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